Se debe aclarar que cada país cuenta con su propio procedimiento interno de extradición en el que se definen las instancias a las que pueden acudir los extraditables.
El objetivo principal de estas leyes es mejorar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y otros delitos graves.
Esta situación ha generado un debate legal y político sobre la validez de la orden de detención europea emitida por España y la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea.
La comunidad internacional ha acogido con satisfacción la implementación de estas leyes, que se consideran un paso importante en la lucha contra el crimen transnacional.
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Entre ellas se encuentran las decisiones relativas a las peticiones de extradición. Si se observa el formato de estas informaciones se puede comprobar que resultan poco respetuosas para con la persona involucrada.
Aunque la falta de un acuerdo de extradición puede plantear desafíos, existen alternativas y mecanismos legales que permiten superar esta limitación y garantizar que los delincuentes no queden impunes.
Ahora bien, si la persona contra la cual se autorizó la extradición es guatemalteca, el primer paso al recibir la declaración, es ponerla a disposición y conocimiento del presidente de la República; y este debe de decidir, mediante Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros, si entrega o no a la persona; lo anterior en virtud que Guatemala no está obligado a entregar a un ciudadano guatemalteco.
Las personas solicitadas tienen derecho a ser notificadas de la solicitud de extradición, a tener acceso a un abogado y a presentar pruebas en su defensa. Además, tienen derecho a apelar la decisión del juez si esta es desfavorable.
Los acuerdos de extradición son fundamentales para garantizar que los delincuentes no encuentren refugio en otros países y eviten ser juzgados o sancionados por sus acciones.
El expresidente Rafael Correa tiene una sentencia ejecutoriada a ocho años de prisión por el delito de cohecho, dentro del caso Sobornos.
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